Hace dos semanas que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados de España la llamada ley del ‘sólo sí es sí’, o por su nombre legal ‘Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual’.
Una ley que, como el Ministerio de Igualdad asegura, pone el consentimiento de las mujeres en el centro e intenta acabar con la violencia sexual. Pero ni las Trabajadoras Sexuales (TS) ni las migrantes podrán gozar de los derechos que estos estatutos tratan de garantizar. ¿Por qué?
Para profundizar en el tema, y entender cuáles son las consecuencias de esta nueva ley, me he entrevistado con N., trabajadora sexual, quién me ha pedido mantener anónima su identidad.
La ley no tiene el ‘sí’ de todas
N. forma parte del sindicato de trabajadoras sexuales ‘OTRAS’, quienes trabajan para “parar esta ley que solo va a criminalizar y clandestinizar” más a las TS, asegura. Por ello, junto con las abogadas del sindicato, han preparado una enmienda a la totalidad de la ley que ya han presentado a distintos grupos políticos y de la Comisión de Justicia.
“Antes, la situación ya no era favorable por el colectivo de TS, solo que esta ley lo hace aún más desfavorable”, me explica N. Hace más de dos años que la ley se cuece desde el Ministerio, por lo que el colectivo de TS ya se lo venía venir. “Desde el momento en que entran PSOE y PODEMOS en el gobierno, metieron en la agenda política una rama del feminismo que es muy radical y que quiere solucionar la violencia contra las mujeres según su perspectiva”, apunta N.
Las que defienden un feminismo blanco, hegemónico y abolicionista, consideran la aprobación de esta ley un gran logro feminista. Sin embargo, la ley deja desamparadas a las ‘otras’, las ‘marginadas’, a las ‘putas’ y sobre todo, a las ‘migras’. Un texto que no sólo estigmatiza aún más al colectivo de TS, sino que también limita su capacidad para trabajar, dejándolas desamparadas de la violencia sexual y los abusos en clandestnidad. Pero eso sí, el Gobierno continúa insistiendo en que dicha ley protege la ‘libertad sexual’. Pero, ¿la libertad de quién?
Como aseguró la Diputada de la CUP, Basha Changue en el Parlament de Catalunya el pasado 7 de julio, “un feminismo que excluye y condiciona el acceso a los derechos no es feminismo, es supremacía”.
Según el sindicato OTRAS, con la nueva ley, se vienen tres principales consecuencias: el cierre de los locales en donde se ejerce el TS; la equiparación de explotación con trabajo sexual y la persecución de clientes. “Obviamente queremos que haya leyes contra la trata y contra la explotación laboral, pero no se pueden equiparar con el trabajo sexual, porque son cosas distintas”, aclara N.
Lejos del tópico que las que se dedican al TS son víctimas de trata, desmentido por numerosas investigaciones, la ley contrubuye al estigma que estas trabajadoras acarrean al no distinguir entre trabajo sexual y explotación.
La Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual tiene sus raíces en el caso de ‘La Manada’, en 2016, donde la Audiencia Provincial y Tribunal Superior de Navarra sentenciaron como ‘abuso’ una violación en grupo. Por ello, se elimina la distinción legal entre abuso y agresión.
Para la redacción de la ley, que prohibe el entorno del trabajo sexual, no se ha escuchado a ninguna persona que se dedica a ello. Aunque intenta poner “el consentimiento en el centro”, se prohibe la publicidad pornográfica y los espacios físicos en donde se ejerza la prostitución, “aún cuando haya el consentimiento de las TS”, aseguran desde el Ministerio. Como consecuencia, ha recibido numerosas críticas por parte de feministas y colectivos de TS.
“Un feminismo que excluye y condiciona el acceso a los derechos no es feminismo, es supremacía”
Una ley abolicionista
La ley proíbe los anuncios sobre trabajo sexual, que es en lo que N. invierte la mayoría de su tiempo. “Es un momento de mucho miedo, porque no sé cómo voy a sobrevivir si nadie va a poder ver cómo y dónde me anuncio”, teme. “Incluso la puta más estable del mundo puede perderlo todo en un segundo, y más ahora que las redes sociales están en guerra contra el porno”.
El colectivo espera censuras en sus páginas de anuncios, en redes sociales como Instagram y Twitter y en buscadores como Google. Hasta el momento, las cuentas de Airbnb y Booking de algunas TS ya han sido bloqueadas “por ser quienes son”, me explica N.
Pronto, la página de Pasión, que es una de las páginas más conocidas para publicitar el TS de manera gratuita en España, va a ser cerrada. Una situación que a N. le recuerda a la de 2018 en Estados Unidos, cuando se aprobó la SESTA/FOSTA bajo el mandato de Donald Trump. Una ley que, en teoría, perseguía la trata y la explotación sexual en internet. Pero una vez más, confundía estos términos con el TS.
Según varies expertes de los Estados Unidos, la SESTA/FOSTA viola la Primera Enmienda del país al castigar ciertos tipos de discurso legal, incluido el discurso que aboga por la despenalización del trabajo sexual.
“Muy posiblemente las consecuencias del antes y el después que hubo en Estados Unidos, podrían pasar en España con la ley de la publicidad”. La SESTA/FOSTA hizo que muchas trabajadoras recurrieran a la prostitución de calle y a la clandestinidad para poder sobrevivir, dejándolas en situaciones mucho más vulnerables.
Pero Estados Unidos es otro mundo, y la lucha en pro-derechos del TS tiene otra trayectoria. En España, con la ley del ‘Solo sí es sí’, se espera el cierre de locales y se incluye un aspecto que había sido eliminado de la ley en 1985: la tercería locativa. “El cierre de locales afecta más a las personas que curran en presencial y hacen citas, o que están en locales, clubs, pisos o agencias”.
Cierre de locales y la tercería locativa
La ley incluye una penalización de la tercería locativa y del proxenetismo no coactivo. “La penalización de la tercería locativa estaba en la época franquista”, reclama N. Este concepto hace referencia a que, todas las personas que alquilen locales dedicados al ejercicio de la prostitución serán sancionados porque se considerará proxenetismo.
Lo que no han tenido en cuenta desde el Gobierno a la hora de redactar la ley, es que muchas de las TS trabajan en sus hogares y presentan dificultades para encontrar vivienda, debido al “estigma de puta”, me explica N. Además, el cierre de locales y la persecución a clientes implicaría un incremento de precios. “Habrá que trabajar más para conseguir la misma cartera de clientes que antes, y habrá que ganar aún más dinero porque todo se va a encarecer”, teme N.
“Si ya de por sí los alquileres dedicados a trabajar son exageradamente altos, como por ejemplo las habitaciones por horas, los precios van a subir aún más, porque se estarán arriesgando más”. Paralelamente, me cuenta N., las TS temen que aumente la competitividad entre compañeras. “Entonces los precios de los servicios se bajarán, o se ofrecerán más servicios para ganar más clientes”.
Una ley racista y clacista
Debido a que España es un país racista y en donde existe la Ley de Extranjería, que como explican activistas antiracistas, discrimina en función de la nacionalidad, las trabajadoras sexuales migrantes serán las más perjudicadas.
Linda Porn, TS independiente, explica en un vídeo del Sindicato OTRAS que la ley perjudica en mayor proporción a las TS migrantes. “Esta ley va a reforzar más el nulo acceso a la vivienda de las TS migrantes en España, y también va a dar paso a muchas más expulsiones en caliente o encierros en los CIES de las compañeras acusadas ya sea de proxenetismo o de víctimas”, reclama en el vídeo.
“Te dejan sin casa, no consigues clientes y los que consigues quieren hacer prácticas peligrosas y además, si estás en situación de irregularidad y te encuentra la policía, te deportan”, lamenta N. Me cuenta que en España ha habido casos en los que la policía se ha hecho pasar por cliente para obtener pruebas que se ha ejercido la prostitución.
Desde el colectivo OTRAS “no entendemos cómo se puede defender tanto a la mujer teniendo leyes con consecuencias tan malas para las mujeres más vulnerables”, reclama N. “Por esto decimos que esta ley es, sobre todo, una ley clasista y racista, porque a quién más perjudica es a la mujer racializada, migrante y pobre”.
N., así como desde el sindicato OTRAS, critican la manera en la que la nueva ley confunde explotación con trabajo sexual, porque victimiza a las trabajadoras. Según ellas, esta equiparación tiene raíces clasistas y racistas. “Si lo hace una mujer pobre, se considera explotación porque lo hace por necesidad, pero si lo hace una mujer rica, entonces ya no lo es porque no lo necesita”.
Caza de brujas, caza de putas
Lo que esta ley consigue, temen las trabajadoras, es que se pongan en situaciones de peligro y de más vulnerabilidad. Y dada la prohibición de su entorno de trabajo y el miedo a las consecuencias legales, que no recurran a la justicia. “A veces los clientes pagan y después del servicio te lo roban y se van”, explica N.
La ley impediría que las trabajadoras denunciasen posibles situaciones de violencia porque en caso que se iniciase un proceso de persecución, las causas tendrían que ver con la explotación sexual y el proxenetismo, y no con el delito cometido “ya sea de robo o de cualquier otra cosa”.
España no es el primer país en aprobar leyes en pro a la abolición del TS. Francia, Irlanda, Suecia y Finlandia van por el mismo camino. “En Suecia la forma que hay para perseguir al cliente es perseguir a las putas. Por esto ellas se esconden de la justícia y de la ley”
A la imposibilidad de denunciar los malos tratos, se le suma un posible aumento de enfermedades venéreas. “Otra consecuencia que ha habido en los sitios donde se han aprobado leyes similares es que se han popularizado las prácticas sin protección”. En países como los Estados Unidos, por ejemplo, los preservativos son usados como pruebas en contra de los clientes y las trabajadoras.
Más estigma y victimización
Los sindicatos de TS temen que leyes de este estilo perpetúen más el estigma que su profesión implica, y que al paso de los años, el imaginario social se tiña de abolicionista. “En Suecia, antes de las leyes prohibicionistas, mucha gente estaba en contra de ellas. Pero ahora que ya llevan casi diez años con estas leyes, en las estadísticas sale que mucha gente está a favor que se prohiba la prostitución”, explica N.
“Lo que consiguen estas leyes es normalizar la violencia institucional, lo que hace que mucha gente se sienta con la capacidad y el derecho de ser violenta hacia las trabajadoras sexuales y de discriminarlas más, hasta el punto de apoyar una prohibición completa”, aclara N. Así lo asegura la Profesora Investigadora Postdoctoral Rocío Medina Martin, que critica la nueva ley en su artículo ‘Sólo sí es sí, pero dependiendo de quién y donde’: “El mensaje social que se lanza es que las trabajadoras sexuales no tienen derecho a consentir y que agredirlas sexualmente, por tanto, sale más barato”.
N. reclama que la ley victimiza a las trabajadoras sexuales, porque la atención que se les da a las TS que denuncian, es la misma que reciben las víctimas de violencia machista, lo que implica una atención sociopsicológica. “A veces también te meten en centros para re-insertarte socialmente, en los que se han escuchado muchos abusos”, recalca N. Pero como Linda Porn recuerda en el vídeo de OTRAS: “No queremos rescate, queremos derechos”.
Asociaciones como la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida, que se dedican a la “reinserción social de las trabajadoras”, han recibido ya decenas de denuncias por parte de trabajadoras que cuestionan sus métodos. Restricciones de contacto con las familias, prohibición de maquillaje y de ‘ropa demasiado provocativa’ y pisos cerrados con llave son algunas de las prácticas que las TS han denunciado.
Otro tipo de asociaciones, dedicadas a “apoyar” a las TS, les realizan pruebas de enfermedades de transmisión sexual y distribuyen condones en los clubes. Pero hasta el momento, las TS reclaman que las acciones son insuficientes. “Se necesitan ayudas personalizadas, que defiendan y apoyen la voluntad de cada persona y que no nos victimicen”, exige N.
Las trabajadoras quieren derechos
Lo que piden las trabajadoras sexuales no son pruebas de VIH, ni condones ni reinserción social. Reclaman derechos y la abolición de las leyes que penalizan el entorno de su trabajo, así como la abolición de la Ley de Extranjería y, sobre todo, que se las escuche. “Desde los sindicatos estamos tejiendo redes y apoyándonos entre nosotras, así como con aliades, para que todas las compañeras tengamos dónde ir”, comenta N.
Se ha demostrado que cuando se otorgan derechos a las TS, la práctica se hace lo menos clandestina posible, lo que reduce la trata y los riesgos de salud y de exposición a violencias a los que se someten las trabajadoras. “Este trabajo está tan estigmatizado y tenemos tanto estigma interiorizado que la mayoría de la gente no está mentalizada con que podemos tener derechos”, me explica N.
“En el momento en que tú das derechos e intentas des-estigmatizar al colectivo, en especial en los centros de salud como hospitales, la gente deja de tener miedo a hacerse pruebas de transmisión sexual” y más empuja a las TS a trabajar desde el cuidado. Incluso el Human Rights Watch habla de la descriminalización del trabajo sexual como un Derecho Humano. Por lo tanto, en un contexto como el de España, donde el gobierno presume ser feminista, cabe preguntarse: ¿por qué no todas las mujeres pueden gozar de los mismos derechos?
La regulación no es la solución
Hasta el momento, solo los grupos parlamentarios CUP y En Comú Podem han rectificado la ley del solo sí es sí, pero piden que se regule. La regulación del Trabajo Sexual existe en países como Bélgica o Holanda, pero para las TS, este modelo tampoco es idóneo.
“Desde el colectivo consideramos que una política de regulación es lo mismo que una política de abolición y de prohibición”. Esto se debe a que la regulación “lleva a la marginación todo lo que no está considerado como un buen ejercicio”. Y ¿Qué es un buen ejercicio del trabajo sexual? ¿Quién y cómo se determina?
En los países en donde el TS está regulado, las trabajadoras migrantes están aún más perseguidas porque para trabajar, les obligan a darse de alta y a hacerse pruebas periódicas. “Además, desaparece la confidencialidad, y no todas nos podemos permitirnos salir del armario como TS”.
N. explica que con la regulación “se les da más poder a los empresarios, lo que les facilita el camino a poner normas abusivas dentro de la legalidad”. La solución, entonces, pasaría por escuchar las necesidades reales del colectivo, cosa que hasta el momento no se ha hecho nunca en España.
Feminista, hazte aliade
Cuando pregunté sobre maneras en las que las feministas aliadas podemos contribuir, N está convencida que dando visibilidad, hablando del tema en nuestros entornos cercanos y escuchando sus discursos, son acciones clave. “Informarse sobre esto tiene que ser un trabajo muy personal de cada persona, en internet hay muchos estudios, y también hay muchas activistas sobre el tema”.
Pero no todas las TS pueden hacer activismo en redes, debido a la exposición a la que se someten, y con la nueva ley, el riesgo a que les cierren las cuentas y que esto repercuta en su trabajo. Por ello, hablar en pro-derechos alivia la carga que llevan las trabajadoras sexuales al tener que hacer pedagogía constante. “La mayoría de las que hemos hecho activismo nos acabamos quemando por agotamiento, porque por un lado tienes a gente a la que le da igual, y por otra, a la gente que aboca toda su furia en contra de nuestra profesión”.
“Creo que mucha gente siente que, como no forma parte del colectivo, este tema no le afecta. Pero al final esto hace que se deshumanice más a las trabajadoras sexuales y se perpetúe el estigma”, opina N. Mientras siga habiendo grupos de autoproclamadas feministas que excluyan el trabajo sexual de su agenda política, la libertad sexual seguirá siendo para unas pocas: las blancas, las ‘decentes’, las universitarias, las europeas y las que están sanas.
Por todo esto, las TS reclaman que se las tome en cuenta al momento de legislar sobre su trabajo, ya que solo piden acceso al derecho de trabajo, protección contra la violencia institucional y sistemática y libertad sexual: tres pilares de los que ya gozan el resto de mujeres españolas.
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Si te interesa informarte y educarte más sobre el tema y escuchar las voces de activistas que hablan en pro-derechos, N. me ha hecho un regalo en forma de lista de recursos:
Activistas:
Colectivos, sindicatos, asociaciones y proyectos:
Internacional:
Europa:
España:
Alemania:
Suecia:
Reino Unido:
Escocia:
Irlanda:
Francia:
Estados Unidos:
Australia:
Argentina:
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