Laia Segura y Judit Galí, activistas ambientales y licenciadas en Relaciones Internacionales nos explican sobre la gobernanza de las políticas ambientales, las desigualdades exacerbadas por el consumismo y la seguridad alimentaria
Valeria Bello, Doctora en Sociología Política e investigadora senior en el United Nations University Institute on Globalization, Culture and Mobility (UNU-GCM) moderó la conferencia Cambio Climático, derechos fundamentales y desigualdades, en la que expusieron sus trabajos Judit Galí, Sales Spain & Waste Warrior – Too Good To Go, alumni 1ª promoción Grado RI y Laia Segura, Policy Assistant and Advocate for Environmental Justice – Group on Governance of Climate Change, alumni 1ª promoción Grado RI. En en el marco de las Jornades Blanquerna en Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales, se habló de la gobernanza del cambio climático y las injusticias globales que este cambio está exacerbando, como las migraciones, la inestabilidad en el acceso a recursos básicos como la comida y el agua, a la sanidad y la educación y por supuesto, los irremplazables daños que le estamos haciendo a la atmósfera con la emisión de toneladas de CO2.
Judit Galí abrió estableciendo que la manera de consumir que hemos adoptado es ni ha sido nunca sostenible y que por ello, es prescindible generar un cambio radical. La activista contra el cambio climático explicó que los Derechos Humanos se ven gravemente afectados por las consecuencias de la crisis ambiental: debido a fenómenos como la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar y los cambios drásticos de temperaturas, los Derechos de Acceso a la Comida, a la Sanidad y a la Vida de las personas, –en especial de aquellas situadas en regiones cuya actividad económica depende de la agricultura–– se ven en grave peligro. Según Galí, la globalización nos ha llevado muchos beneficios pero también peligros: “lo hemos visto en casos como el de la Quinoa o la Indústria de la carne”. Y es que la Quinoa, producto base de la economía agricultora Boliviana, cuando se ‘puso de moda’ alrededor del mundo, encareció su precio y lxs agrícolas bolivianos dejaron de producirla para consumirla pero para exportarla y sus dietas cambiaron de forma radical. El ‘Caso Quinoa’ no es el único, ha pasado lo mismo con los aguacates mexicanos o el aceite de palma de la Malasia. En el caso de la industria de la carne, resulta ser portadora del 55% de las emisiones totales de CO2 a la atmósfera pero para la economía de países como España o Argentina, mayores consumidores de carne, resulta en números gratificantes.
En cuanto al seguridad alimentaria, Galí ilustró una pirámide, en cuya base se encuentra la disponibilidad de la comida, siguiéndole la accesibilidad, su utilización y arriba del todo, la existencia de sistemas de estabilidad de comida. En los países cuya seguridad alimentaria depende de la disponibilidad de recursos naturales –afectados también por los impactos del cambio climático–, la seguridad alimentaria no estará garantizada. Galí llamaba a la acción aclamando que “aquellos países que contribuyen menos en el cambio climático son aquellos que sufren de más”.
Laia Segura expuso sobre la gobernanza del cambio climático y la urgente necesidad de acción climática y establecimiento de políticas ambientales. Explicó que en 1992 la ONU creó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) porque por primera vez se reconoció un verdadero peligro ante la crisis climática. El cuerpo de máxima decisión de la UNFCCC es la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP); organismo que se organiza a través de Delegadxs Nacionales –que como dice Segura, “son mercenarixs; expertxs en la negociación”– quienes representan a los países que forman parte de la COP.
Los países en vías de desarrollo y con menos recursos pueden permitirse enviar a unx o dos delegadxs, mientras que los más ricos pueden permitirse enviar hasta 300. Esto supone una traba enorme para los más pobres, pues también quieren tomar voz en la gobernanza del Cambio Climático pero no tienen suficientes delegadxs para cubrir la conferencia. Ahí es donde entra la acción algunas ONG, quienes envían voluntarixs al lugar de lxs Delegadxs Nacionales de los países cuyas sillas están vacías. El debate está en “advertir” a aquellos países que no cumplen con los tratados de la NDC (o los de París), creados directamente por la ONU. Asimismo, se da en muchas ocasiones que los países más ricos (y con más delegadxs en la COP) negocian bajo intereses económicos y no ambientales, lo que dificulta la situación climática de los países que están en vías de desarrollo y en muchas ocasiones, se encuentran explotados por países primermundistas.
La IPCCC (Los acuerdos de Kyoto) es una organización de expertxs sobre el cambio climático que dicta que cada país deberá ser responsable de sus emisiones de CO2 a la atmósfera y que por ende, cada país deberá tomar las medidas necesarias. Como la IPCCC es un organismo que depende de la ONU, es un tratado que ha quedado en segundo lugar, y “Los resultados de seguir el NDC i no el IPCCC resultan en la actual crisis ambiental”, reclama Segura. En conclusión, Laia afirmó que “las desigualdades están incluidas en causa, consecuencia y gobernanza del Cambio Climático” y que es por ello que resulta tan necesaria la acción y políticas climáticas.
BARCELONA 09/03/2020
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